De respetarse su autonomía, la comunidad de Chiapas puede convertirse en la punta de lanza para el reconocimiento de los gobiernos indígenas como el cuarto poder de México.

La Candelaria es una comunidad indígena tsotsil ubicada en el Municipio de San Cristóbal de las Casas que en noviembre de 2021 determinó, mediante asamblea comunitaria, la creación del jLumaltik Candelaria (gobierno comunitario). Desde ese momento, la comunidad ha emprendido acciones legales de gran escala para ejercer su legítimo derecho a la autodeterminación.

Acompañados por la Clínica Jurídica Minerva Calderón y el Observatorio de Participación Social y Calidad Democrática de la IBERO Puebla, han acudido ante las instancias judiciales pertinentes para dar efectivo cumplimiento a sus derechos, lo que ha implicado un camino lleno de complejidades y retos.

Daniela Itzel Jiménez Cortés, responsable de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la Clínica Jurídica, expuso los diversos escenarios jurídicos y políticos que han tenido que enfrentar desde que la comunidad se acerco a ellos.

Explicó que, si bien existen marcos legales nacionales e internacionales que favorecen el ejercicio pleno de los derechos de los pueblos indígenas, estos no pasan del papel. “No se dice cómo ejercer esos derechos” ya que no se específica quiénes están obligados a hacerlos valer.

Para el responsable de proyectos de la Clínica Minerva Calderón, Joaquín Sánchez Cedillo, este escenario obliga a preguntarse “dónde se han traducido esos derechos”, pues “hay omisiones legislativas para los pueblos originarios, donde hay limitantes para ejercerlos”. Redondeó el abogado: “Ahí decidimos incidir”.

Sánchez Cedillo ilustró solo una parte del largo andar que han recorrido en este caso, en el que instancias de los tres órdenes de gobierno —la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Congreso del Estado de Chiapas, y el Ayuntamiento de San Cristóbal de las Casas— han sido omisas e irresponsables ante las exigencias de la comunidad tsotsil.

Ante ello, las y los acompañantes legales de jLumaltik Candelaria han tenido que involucrarse de lleno en la lucha de la comunidad. “Estamos en un conflicto constante con las autoridades judiciales porque nadie quiere hacerse cargo de una realidad que es necesitada”.

Esa realidad fue narrada por sus propios habitantes. Rosa Pérez Díaz, representante de las mujeres de la comunidad, reconoce que ella y sus compañeras han sido fundamentales para esta lucha y sus alcances, pues han logrado posicionar las carencias que les azotan, y que no han sido propiamente atendidas por el Estado.

El acceso a la educación básica de calidad, a vialidades y carreteras dignas, al agua potable y a la seguridad, son solo algunas de las muchas demandas que el gobierno chiapaneco no ha atendido, y que los propios habitantes de La Candelaria resuelven a través de su autogestión. Además, deben sortear la falta de recursos económicos que deberían provenir del presupuesto público.

“Deseamos que nuestra voz sea tomada en cuenta y que juntos, hombres y mujeres, vivamos bien en La Candelaria”. Este deseo de Rosa es compartido por sus compañeros José Rosendo Gómez Díaz y Agustín Díaz Ruíz, quienes hicieron un llamado urgente al Estado para atender su caso, y hacerse cargo del abandono histórico que han tenido hacia las comunidades indígenas.

Finalmente, convocaron a otros pueblos originarios que existen y resisten, y que, como sujetos de derecho público, pueden ejercer legítimamente su autogobierno. “Compañeros de pueblos indígenas de México, exijamos nuestros derechos tal como es contemplado en marcos internacionales”, instó Agustín Díaz.

Este caso puede representar un precedente histórico relevante para el reconocimiento de las autonomías indígenas frente a las obligaciones del Estado mexicano contraídas en las reformas de 2001 al artículo 2° constitucional y de los tratados internacionales en la materia.