-La Secretaría de Gobernación llevó a cabo la reunión de coordinación con más de 140 elementos de Seguridad Pública municipal y 25 autoridades de las regiones de Amozoc, Tepeaca y Tecamachalco

 Para que la aplicación de justicia sea apegada a derecho, el gobierno presente de Sergio Salomón, a través de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), llevó a cabo una “Reunión de Coordinación en materia de Actuación para casos de intentos de linchamientos” con autoridades municipales, con la finalidad de garantizar la implementación adecuada del protocolo de intervención ante esos eventos.

Más de 140 elementos de Seguridad Pública municipal y 25 autoridades de las regiones de Amozoc, Tepeaca y Tecamachalco participaron en este encuentro, donde el Gobierno del Estado busca privilegiar la resolución de conflictos por la vía del diálogo y la legalidad, además de respetar los derechos humanos de todas y todos los poblanos.

A través de la Dirección General de Delegaciones, los asistentes robustecieron la información en materia jurídica y técnicas que deben aplicar para una reacción oportuna y adecuada, que evite los intentos de ajusticiamiento por propia mano.

En el evento participó la jefa de departamento de la Secretaría de Gobernación federal en Puebla, Samantha Gómez Karam; el secretario técnico de la Coordinación para la Construcción de Paz y Seguridad de la Secretaría de Seguridad federal, Aurelio Garrido Herrera; la subdirectora de Enlace Institucional y Atención a Víctimas, Beatriz Valencia Balderas; la dirección de Coordinación Interinstitucional de la Secretaría de Seguridad Pública, Janet Josefina Aguirre Sastre; la jefa de departamento de Acreditación a miembros del ayuntamiento y órganos desconcentrados de la Dirección General de Gobierno, Brenda Ramos García, y el delegado de Gobernación del Distrito 12 de Amozoc, Filiberto López Carabantes.

Con estas acciones, el gobierno de Puebla trabaja con los distintos órdenes de gobierno para la profesionalización de los servidores públicos municipales, la prevención de hechos violentos y garantizar la gobernabilidad y el estado de derecho en la entidad.