Con base en un exhaustivo diagnóstico, la Universidad ha generado propuestas para garantizar el respeto a los derechos humanos en el estado y el país.

Los derechos fundamentales están en riesgo. Un análisis realizado por la IBERO Puebla en su Agenda Institucional 2024: de la reflexión a la acción revela que Puebla, en conjunto con Veracruz, figura como la entidad con los índices de impunidad más altos en el país. 

Así lo indica el Índice de Estado de derecho en México 2022-2023, que ubica a ambas entidades en el último lugar de protección efectiva a los derechos a la vida y a la seguridad, a la igualdad, al debido proceso y a la libertad de expresión.

Las graves violaciones a derechos humanos son latentes, pues los datos publicados en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), indican que, de las más de 114,000 personas desaparecidas que se reconocen a enero de 2024 a nivel nacional, en Puebla se registran 3,277, de las cuales el 39% son mujeres.

Las violencias contra las mujeres son constantes: datos de la ENRIDEH 2021 indican que en Puebla 7 de cada 10 mujeres mayores de 15 años han experimentado, a lo largo de su vida, violencia psicológica, física y sexual. Al cierre del tercer trimestre del 2023, Puebla ocupó el sexto lugar nacional más alto en mortalidad materna, el segundo lugar nacional de embarazos en adolescentes (15 a 19 años), y el tercer lugar en el número de embarazos en niñas (10 a 14 años), según reportó la Secretaría de Salud (2023).

Entre otros aspectos de género, la comunidad LGBTTTIQ+ también ha sido vulnerada, pues pese a esfuerzos como la aprobación del matrimonio y el concubinato entre personas del mismo sexo, se requieren transformaciones importantes para garantizar los derechos de estas poblaciones bajo los principios de igualdad y no discriminación.

La Universidad también reportó las faltas en materia de migración y migrantes, que se reflejan en los registros de la autoridad migratoria mexicana. El 2022 fue el año con el mayor número de personas nacidas en Puebla que fueron devueltas a México desde Estados Unidos en los últimos 11 años. Las detenciones de personas extranjeras en territorio poblano también tuvieron registros históricos en 2021 (más de 5,100), 2022 (más de 6,500) y 2023 (más de 4,500 eventos de enero a agosto).

A lo anterior, se suma el reconocimiento parcial de los pueblos y comunidades originarias y afromexicanas como sujetos de derechos. En Puebla existen más de 600,000 hablantes de alguna de las variantes lingüísticas indígenas, y más de 100,000 personas se autorreconocen como afromexicanas.

Las comunidades indígenas han sido víctimas de injusticias como el despojo de sus tierras, la contaminación de su hábitat, la discriminación y políticas públicas excluyentes. Según datos oficiales, el 2020 cerró con 320 títulos de concesión que afectaron 192,308 hectáreas del territorio.

La IBERO Puebla ha generado una serie de propuestas para atender estas problemáticas. La Institución exhorta a implementar un mecanismo de seguimiento y acatamiento de las recomendaciones realizadas a México por parte de los órganos creados en virtud de tratados internacionales y de las recomendaciones de los procedimientos especiales.

También, llama a fortalecer la FGE para garantizar que las investigaciones en materia de graves violaciones a los derechos humanos se realicen con la debida diligencia, con la finalidad de sancionar a los responsables y garantizar una reparación integral del daño a las víctimas, así como garantías de no repetición.

Puebla también necesita pronunciarse como una entidad y región en favor de los derechos humanos de todas las personas en movilidad y promotora del asilo, refugio y ayuda humanitaria ante todos los desplazamientos forzados y voluntarios, internos e internacionales.

Igualmente, urge transversalizar la perspectiva de género en la administración pública estatal, involucrando en el diseño y evaluación de políticas públicas a diversos actores de la sociedad, así como capacitar en teoría de género, enfoque interseccional y derechos humanos a las personas encargadas de impartir justicia.

En su última propuesta, se busca promover y fortalecer iniciativas de gobierno comunitario basadas en el derecho indígena y en sistemas políticos tradicionales, así como desarrollar canales de comunicación con los pueblos y comunidades que faciliten y garanticen los derechos.

Estas son solo algunas de las propuestas que la Agenda institucional 2024: de la reflexión a la acción, contiene. El documento será compartido con candidatas y candidatos de las próximas elecciones para que conozcan estas perspectivas y las integren en sus agendas de trabajo.